Tribuna Ambiental Salta

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AMAZONAS EN LLAMAS Abajo Bolsonaro y todos los gobiernos responsables por la destrucción capitalista del medio ambiente Por Hernán Gurian (desde Brasil)... Los voraces incendios que están destruyendo gran parte de la selva amazónica no son productos de una catástrofe natural o consecuencias de la desidia humana, sino que obedecen a una política consciente impulsada por el agro business o capital agrario, e implementada por el Estado en beneficio de este pequeño grupo de grandes terratenientes y empresas multinacionales asociados a estos. Estos intereses cuentan en el parlamento nacional y en las cámaras estaduales con sus propios bloques políticos de senadores, diputados y concejales. Es la denominada Bancada ruralista que nuclea en el Congreso Nacional a nada menos que con unos 200 diputados sobre 513 del total que aún perteneciendo a diversos partidos, se encuentran unificados en el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA). Este bloque político-patronal fue uno de los pilares que dieron sustento a la candidatura y posterior asunción de Bolsonaro al poder. No se puede desvincular la catástrofe de fuego y devastación en el Amazonas del carácter de clase de los intereses sociales particulares que la produjeron. Amazonas en peligro Los últimos incendios intencionales perpetrados por estos sectores del capital agrario durante los primeros días de agosto son los más graves atentados contra la preservación de la selva de toda la historia, pero no son los únicos. Toda la amazonia está siendo castigada por el afán de lucro de la clase capitalista, no sólo del sector rural sino también del sector minero y la industria maderera, con sus secuelas de contaminación, destrucción de la floresta y crímenes de todo tipo contra los pueblos originarios y pequeños campesinos. Asesinatos y agresiones contra indios y activistas son una constante en toda la región. Si bien para esta época del año es habitual que se registren focos de incendio producto de las sequías, en este caso todos los informes de científicos y órganos estatales de control, indican que su enorme incremento se debe a causas intencionales. Los incendios se extienden por el norte y centro oeste del país, siendo los estados más afectados los de Rondonia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul; llegando hasta la frontera de Bolivia y Paraguay. Comparado con las estadísticas del mismo período del año pasado, el número de focos aumentó en un 70 %. Según datos de una pesquisa de la Universidad de Oklahoma, el Amazonas brasileño perdió 400 mil km de floresta entre 2000 y 2017. El origen de estos nuevos y masivos focos debe buscarse en los actos destructivos impulsados por los grandes terratenientes de estos estados en lo que ellos mismos bautizaron como el Día del fuego, cuando según el diario Jornal do Progresso de Rondonia (5/8), algunos grandes productores rurales de la región sintiéndose amparados por las palabras del presidente Jair Bolsonaro coordinaron ataques colectivos en áreas en proceso de preservación, el mismo día en varios lugares. A fines del 2018, la cámara de diputados estaduales de Rondonia votó a favor de que nueve áreas que se encontraban bajo protección ambiental fueran tornadas en propias para desmatamiento. En la práctica esto significó una devastación de la floresta del 50 % del territorio del estado. Las queimadas o incendios de la selva son una técnica o método habitual de limpieza agropecuaria desenvueltos por los grandes hacendados para expandir las áreas de cultivo y pastaje para el ganado. La expansión del capital es la verdadera raíz de la deforestación amazónica. El Garimpo El pasado 13 de agosto miles de mujeres indígenas y campesinas marcharon hacia la capital Brasilia en defensa de la tierra y contra la destrucción del medio ambiente por parte del agronegocio y el garimpo. El ‘Fuera Bolsonaro’ tronó con fuerza frente al Planalto como expresión de repudio al máximo representante de esta política de devastación de la naturaleza y de las masas indígenas y campesinas en beneficio de la ganancia capitalista. En el transcurso de los últimos meses, alrededor de 22 mil ‘garimpeiros’ (buscadores de oro y diamantes) invadieron tierras indígenas en el estado de Amapá donde asesinaron a un líder indígena de la tribu Wajãpi y expulsaron violentamente a sus habitantes. Bolsonaro impulsó en estos días un proyecto que legaliza estos crímenes ambientales al permitir la explotación minera en áreas indígenas protegidas por una ley federal. El producto extraído del suelo con métodos arcaicos en muchos casos por estos garimpeiros, en su mayoría pobres y desocupados en busca de El Dorado son luego expoliados por grandes empresas y mafias ligadas al poder del Estado que compran el oro a precios ínfimos. Industria maderera: Bolsonaro, el capitán de la motosierra Así se auto-definió Bolsonaro frente a los medios cuando se burló, al mejor estilo Trump, de los datos alarmantes sobre la destrucción acelerada de la selva amazónica Uno de los primeros decretos de inicio de su gobierno fue el que habilita a la privatización de millones de hectáreas dentro del territorio amazónico en beneficio del capital nacional y extranjero, incluyendo tierras que por ley pertenecen a las comunidades indígenas (demarcación de tierras). De la mano de toda una política de Estado favoreciendo con múltiples proyectos al capital agro-industrial, Bolsonaro llevó adelante en estos ocho meses de gobierno una brutal política de ajuste en Educación, Salud, Ciencia. Al ministerio de medio Ambiente aplicó un recorte del 50 % del presupuesto que estaba destinado al instituto Ibama para la construcción del PREVFOGO, un centro de prevención de incendios. También recortó 5,4 millones de reales (unos 73 millones de pesos) destinados a la fiscalización y combate de incendios. Cientos de empleados del estado que actuaban como fiscales en zonas selváticas fueron los primeros despedidos por reducciones de personal del Estado. El 12 de febrero, en el histórico programa político Roda Viva, el ministro bolsonarista de Medio Ambiente Ricardo Salles dejaba a todos estupefactos al declarar, como una expresión pública de desprecio a la cuestión ecológica, que no sabía bien quien había sido Chico Mendes, el militante y sindicalista defensor de la floresta amazónica, reconocido mundialmente y asesinado por sicarios de los terratenientes de Acre en 1988. Es irrelevante saber eso, dijo el canalla. Antes de ocupar puestos públicos, Salles fue un abogado vinculado a sectores del agro negocio y fue procesado judicialmente cuando era secretario de Medio Ambiente en São Paulo bajo el gobierno de Alckim (PSDB) por violar leyes de protección ambiental al conceder licencias de explotación de tierras que se encontraban preservadas por ley, así como por utilizar un helicóptero de un terrateniente para movilizarse siendo funcionario público. Fue justamente en Acre, durante la campaña presidencial, donde el entonces candidato Jair Bolsonaro pronunció uno de sus discursos más brutales al prometer que de ser electo iría a fusilar a todos los militantes del PT e izquierdistas de aquel estado. En esta categoría, Bolsonaro incluía a todos los activistas, considerados un escollo para los planes expansionistas de los sojeros y ganaderos de la región. En este sentido, ya como presidente en ejercicio, Bolsonaro está impulsando un proyecto en el Congreso que libere la portación de armas en todas las propiedades rurales. Un claro llamado a que los grandes propietarios de tierras formen milicias paramilitares para actuar contra los campesinos sin tierra, los pequeños agricultores, indios y militantes ecologistas. Es la contra-reforma agraria a velas desplegadas. El aumento de las quemadas sucedieron un mes después de que Bolsonaro declarase a la prensa que no creía en los datos oficiales divulgados por su propio gobierno en relación al alarmante aumento de los focos de incendio, algo que los que los productores rurales entendieron como un aval o carta blanca para avanzar en sus métodos de limpieza de la floresta. Incluso Ricardo Galvão, director del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (dependencia del Ministerio de Tecnologia) fue despedido por el presidente luego de alertar por los altos índices de deforestación que está sufriendo el Amazonas, acusándolo de dañar la imagen de la economía del Brasil. Inmediatamente, Bolsonaro culpó a las organizaciones ecologistas de ser las causantes de la catástrofe, en un intento de criminalización. Los gobiernos petistas Degradación de la selva amazónica por cierto no comenzó bajo la gestión de Bolsonaro, aunque este aceleró el ritmo. Bajo todos los gobiernos democráticos, el avance de los negocios capitalistas en detrimento de la preservación de la naturaleza fue una constante. Con Fernando Henrique Cardozo, las matanzas de campesinos e indígenas fueron constantes, así como el desarrollo descontrolado del garimpo. Tampoco los gobiernos del PT fueron un freno a estos atropellos sino que, por el contrario, tanto Lula como Dilma dieron ímpetu a los ruralistas para avanzar con sus vacas y su soja hacia el interior de las florestas. Lula se jactaba de ser el principal proveedor de soja a la entonces pujante China. Durante los cuatro mandatos ‘petistas’ se produjo la mayor concentración del mercado de proteínas de la historia, en manos de las gigantescas JBS-Friboi y la Marfrig, enormes terratenientes y virtuales dueños millones de cabezas de ganado que pasarán por sus frigoríficos. De hecho, unos de los principales ministros de Lula fue Meirelles, ex director de la JBS-Friboi. En 2002, Lula llamó héroes nacionales a los usineiros, grandes empleadores de mano de obra esclava y depredadores del suelo. Toda una definición política. Dilma fue más lejos, al nombrar como Ministra de Agricultura a Kátia Abreu, una terrateniente ganadera y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura el equivalente a nuestra Sociedad Rural. Abreu declaró al asumir el ministerio que la presidente Dilma fue la primera jefe de gobierno que se dispuso a atender la agenda tan compleja como la del agro-negocio. Apoyó la reforma del Código Florestal que favoreció el aumento o extensión de los límites de explotación del suelo en beneficio de los latifundistas. Bajo los gobiernos del PT se produjo una alianza con los ruralistas terratenientes, creció exponencialmente el agro-business, se mantuvo el trabajo esclavo en el campo, la deforestación del Amazonas siguió su curso y nunca se avanzó ni un ápice en la Reforma Agraria, tantas veces prometida a los campesinos sin tierra. Salida La sola continuidad de Bolsonaro y su equipo al frente del gobierno sólo puede ofrecer para el futuro inmediato nuevas catástrofes ambientales de intensidad cada vez mayor. Sin ir más lejos, su mandato debutó con otra catástrofe ambiental: la ruptura de un dique que contenía desechos tóxicos de la empresa Vale do Rio Doce, en Minas Gerais, provocando la muerte de 200 personas y la desaparición de otras 93, además de la virtual desaparición del pueblo Brumadinho y la contaminación de ríos y miles de hectáreas. El desarrollo capitalista en las condiciones de declinio y descomposición es incompatible con la preservación de los ecosistemas y de la vida misma, siempre en riesgo por catástrofes provocadas Una seguidilla de manifestaciones en varias capitales y ciudades del Brasil están programadas para los días 23, 24 y 25 de este mes por la defensa de la amazonia, así como también están siendo convocadas manifestaciones a las embajadas brasileñas en diferentes países. Estas convocatorias deberán transformarse en verdaderas manifestaciones de repudio a Bolsonaro y a todos los gobiernos responsables de la catástrofe ambiental.

Amparo Ambiental contra Agrotecnica Fueguina. Fallo a favor de los vecinos: un golpe a Sáenz y sus funcionarios cómplices. En respuesta al Amparo Ambiental presentado por la Concejal MC del Partido Obrero, Jorgelina Franco y el abogado Luis Segovia, iniciado el 22/08/2017; finalmente el viernes 26-04, el juez Marcelo Domínguez determinó emplazar a la Municipalidad de Salta para que, en el término de un mes y medio (que se cumplirá el 10 de junio a hs.10:00), obligue a Agrote...Continue reading

ESTE MARTES EL PARTIDO OBRERO INSPECCIONARA EL VERTEDERO SAN JAVIER La Concejal Cristina Foffani visitará mañana 5-02 el predio del Vertedero San Javier para verificar si Sáenz dio cumplimiento a la Resolución aprobada el 14 de noviembre en el Concejo. Dicho proyecto del PO N 3227/18, emplazó al Intendente para que en los siguientes 15 días a la fecha de aprobación, pusiera en funcionamiento la trinchera N4 tal como lo plantea el contrato de bases y condiciones y por el ...cual la empresa está cobrando casi 2 millones de pesos diarios. Cabe aclarar que con un mecanismo de encubrimiento, el instrumento sancionado recién salió del Concejo para el CCM el 21 de diciembre, más de un mes después de aprobado, en un intento de eludir la obligación del plazo en el periodo legislativo 2018. La concejal explicó: A pesar de la maniobra del oficialismo del Concejo, el plazo ya está totalmente superado y en condiciones de rendir cuentas del cumplimiento de la Resolución. Es por eso que mañana iré personalmente a verificar su ejecución. Como parte del combate que venimos dando contra la contaminación y el perjuicio a los vecinos, voy a presentar un proyecto para que se desplace el relleno sanitario lejos de la ciudad. No puede haber una fuente de contaminación tan brutal cerca de los barrios más vulnerables, sobre todo con el nivel de incumplimientos que viene haciendo esta empresa y en particular los dos últimos Intendentes: sin prevención de aislamiento de la basura a través de una impermeabilización de las trincheras, dependiendo de la densidad de la capa de arcilla que no es homogénea. Tampoco han garantizado la colecta y procesamiento de líquidos lixiviados ni de gases que queman afectándonos a todos. Y el mayor desastre ambiental, autorizado por el actual intendente, que permite a la empresa disponer más de 800 toneladas diarias en una montaña que no se cubre con tierra como determina el contrato, causando la proliferación de ratas e insectos sobre la población de la zona. Le daremos a la Municipalidad el plazo de colmatado de la 4ta trinchera para que busque un lugar alejado de la ciudad para mudar el relleno sanitario, por supuesto cumpliendo con las medidas de la legislación vigente en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos concluyó Foffani.